CARLOS MULAS GRANADOS FMI
Nada más tomar posesión como presidente de Francia, Nicolas Sarkozy comenzó una ronda urgente de contactos europeos: se entrevistó con Merkel en Alemania, viajó a Bruselas y el jueves visitó a Zapatero en Madrid. Tras estos encuentros, dejó claro que Francia impulsaría una pronta resolución de la crisis constitucional europea sobre la base de un Tratado simplificado, que no por reducirse debía descafeinarse. Más aún, Sarkozy, hizo explícito su apoyo a la creación de un gobierno económico europeo aprovechando la revisión de la Constitución: es decir recuperó una vieja ambición europeísta para compensar su apuesta por un mini-tratado constitucional.
Lo curioso del asunto es que a estas alturas, tan cerca del crucial Consejo Europeo de junio, nadie tiene muy claro a qué se refiere Sarkozy cuando habla de reformas en el sistema de gobernanza económica de la UE. Así que intentemos explorar cuáles son las posibilidades reales de reforma a este respecto, y veamos cuál debería ser la postura de España en este asunto.
Déjenme definir, en primer lugar, cuál es el objeto de discusión y posible reforma del que estamos hablando. Desde el Tratado de la Unión Europea de 1992, la gobernanza económica de Europa pasó a basarse en tres elementos: una política monetaria independiente formulada por el Banco Central Europeo (BCE); una política fiscal formulada por los Estados miembros pero coordinada a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC); y un grupo de reformas, coordinadas de forma laxa por la Estrategia de Lisboa.
En los ocho años transcurridos desde el lanzamiento del euro en 1999, han surgido diversas críticas al funcionamiento de esos tres elementos que han motivado múltiples propuestas políticas y académicas de mejora. Por ejemplo, en relación con la política monetaria, se ha criticado que el BCE sólo se haya preocupado de la estabilidad de precios en lugar de tener en cuenta criterios de crecimiento y empleo, como hace la Reserva Federal norteamericana. Asimismo, el PEC ha sido atacado con virulencia por no haber sido capaz de generar la disciplina fiscal y el grado de coordinación necesarias para compensar la política monetaria. Y, finalmente, las reformas del proceso de Lisboa han sido denostadas por su debilidad, descoordinación y falta de visibilidad política.
Ante estas críticas, y con la inminente revisión de la Constitución a la vista, veo cuatro posibles escenarios para los próximos meses.
La primera posibilidad es que no se produzca ninguna alteración de los artículos que hay en la Constitución sobre esta materia, para no añadir más dificultades a las ya existentes.
La segunda es la de actualizar la Constitución, incorporando simplemente las reformas del PEC y de la Estrategia de Lisboa aprobadas por el Consejo Europeo en 2005. Al basarse en acuerdos recientes, esta actualización no requeriría la generación de un nuevo consenso y, por tanto, debería ser fácil.
La tercera opción sería la de una reforma parcial del sistema de gobernanza económica de la UE, a través de un reforzamiento del papel del Eurogrupo (es decir, de la reunión de los ministros de Economía de los países que forman parte del euro). Así, este órgano se convertiría en “el germen de un gobierno económico europeo, que coordinaría las políticas económicas, dialogaría de igual a igual con el BCE y avanzaría en la armonización de los impuestos y las políticas sociales en Europa”, tal y como afirmó recientemente Jacques Delors, el ex presidente de la Comisión Europea y padre intelectual del euro.
La cuarta y última opción sería la más ambiciosa. En primer lugar, modificaría los actuales objetivos del Banco Central Europeo para introducir el crecimiento económico y el empleo, junto a la inflación. Pero lo más importante, es que avanzaría hacia un auténtico gobierno económico mediante el mencionado reforzamiento del Eurogrupo y la creación de una Autoridad Fiscal Europea. Este gobierno económico europeo tendría que desarrollar capacidad fiscal propia mediante la introducción de impuestos europeos, con los que financiar políticas europeas de estabilización, cohesión social, investigación, convergencia tecnológica, energía y medio ambiente. Avanzar en este tipo de gobierno europeo resolvería el déficit político del que se ha acusado al actual diseño institucional de la moneda única. Y haría realidad una parte de los sueños de quienes idearon hace treinta años la Unión Monetaria como un paso intermedio hacia la Unión Política de Europa.
Si la coyuntura política actual de la UE hace poco verosímil este último escenario de reforma total, creo que tampoco es probable (ni siquiera deseable) que no se aproveche la renovación de la Constitución para realizar alguna mejora en este terreno.
Ante esta perspectiva, España debe estar preparada para liderar a los países que quieran hacer avances. Es el primer país que aprobó la Constitución Europea en referéndum y está más legitimado que ninguno para promover una actualización y una reforma parcial del texto constitucional en materia de gobernanza económica, sin que otros se le adelanten. Sólo si España está en el origen de cualquier iniciativa en este ámbito, podrá controlarla y beneficiarse políticamente de su presentación.
Los avances hacia un gobierno económico deberían explicarse como un paso fundamental para la coordinación real de las políticas económicas y fiscales en Europa y para el desarrollo de una economía europea más sostenible, más competitiva y con una mayor cohesión social. Éstos son los objetivos a los que aspiran los ciudadanos europeos. Y que España apoye la introducción de instrumentos eficaces para conseguirlos, recolocará a nuestro país en el centro del proceso de construcción europea, donde nos esperan desde hace ya algún tiempo.